Crimen de sangre: exfiscal y policía condenados por asesinar al hermano del funcionario

Una historia de traición familiar y abuso de poder ha estremecido a Ecuador tras conocerse la sentencia contra un exfiscal y un agente de la Policía Judicial, hallados culpables por el asesinato de Elvis Saúl Ch. D., hermano del ahora exfiscal de Orellana. El caso ha puesto bajo la lupa a las instituciones judiciales del país y ha encendido un debate nacional sobre la corrupción y la impunidad en las filas del Estado.El crimen ocurrió la madrugada del 22 de diciembre de 2023 en La Joya de los Sachas, una ciudad amazónica normalmente ajena a los titulares nacionales. La escena del crimen apuntaba a una ejecución premeditada: la víctima fue abatida con un arma de dotación policial, disparada por Cristian Eduardo U. V., quien entonces servía activamente en la Policía Judicial. Las pruebas forenses confirmaron una acción directa y planificada.El verdadero impacto llegó cuando se reveló que el autor intelectual del asesinato era el propio hermano de la víctima, el exfiscal Óscar Franco Ch. Ch. Las investigaciones determinaron su participación como cómplice, evidenciada a través de registros telefónicos, testigos clave y grabaciones que confirmaron su implicación directa en la planificación del crimen.Tras meses de investigación, la justicia ecuatoriana dictó sentencia: 17 años y 8 meses de prisión para el agente policial como autor del delito, y 8 años para el exfiscal como cómplice. La resolución fue acogida con atención nacional y celebrada por organismos ciudadanos que exigen un sistema judicial más transparente y sin privilegios.La Fiscalía General del Estado catalogó este caso como emblemático y reafirmó su compromiso de perseguir penalmente a cualquier funcionario que deshonre su cargo. La contundencia del fallo busca enviar un mensaje claro: ni la autoridad ni los vínculos familiares son escudo ante la ley.En medio del proceso, las comunidades de Orellana reaccionaron con indignación, ya que el crimen no solo fue un acto atroz, sino que desnudó las fracturas internas de un sistema en el que algunos funcionarios utilizaron su poder para saldar cuentas personales. La víctima, según allegados, desconocía la traición que se fraguaba desde su propio entorno.
La sentencia, emitida el 20 de mayo de 2025, marca un antes y un después en los esfuerzos por depurar el sistema judicial ecuatoriano. Más allá del morbo, este caso pone sobre la mesa una verdad incómoda: la corrupción puede tener rostro familiar, uniforme y cargo público.