La jueza pide al Supremo colombiano definir la jurisdicción del caso de Santrich

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acompañan la salida del exjefe guerrillero «Jesús Santrich» (c, silla de ruedas) en la cárcel La Picota, el pasado 17 de mayo de 2019, en Bogotá (Colombia). EFE

Bogotá, 20 may (EFE).- La jueza colombiana que lleva el proceso del exlíder de las FARC Jesús Santrich decidió este lunes enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese alto tribunal el que determine si su despacho, en la justicia ordinaria, es el competente para avanzar con la causa.

La determinación la tomó la jueza 16 de Control de Garantías de Bogotá en medio de la audiencia de imputación a Santrich por los supuestos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Según medios locales, la defensa del exjefe de las FARC señaló que ese despacho debe declararse impedido puesto que Santrich, quien también es exnegociador en los diálogos de paz que llevaron a la desmovilización de esa guerrilla, es congresista y, por consiguiente, debe ser juzgado por el alto tribunal.

Pese a su determinación, la jueza consideró que su despacho sí es competente para continuar con el proceso porque, entre otras cosas, los abogados de Santrich no presentaron elementos que evidencien su calidad de parlamentario.

Santrich no ha ocupado su escaño, resultado del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, debido a que fue capturado por la solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo acusa de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma de esos pactos.

El exjefe guerrillero asistió este lunes en medio de estrictas medidas de seguridad a la audiencia de imputación, precisamente por los supuestos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

«Esperemos que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no para reforzar la calificación de ‘república bananera’ que tiene nuestro país», dijo Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, durante la diligencia realizada en el Complejo Judicial de Paloquemao.

Santrich fue recapturado el viernes pasado segundos después de salir de la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas en su contra por delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

El exjefe guerrillero acudió a la diligencia con su abogado, Eduardo Matías Camargo, quien aseguró que la jueza 16 de control de garantías estaba impedida porque la funcionaria «prejuzgó» a su defendido.

Santrich, quien llegó al juzgado en una tanqueta de la policía, estuvo recluido este fin de semana en la Clínica Méredi, de Bogotá, luego de que se determinara que no estaba en condiciones para encarar las diligencias judiciales.

El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue llevado el domingo a ese centro médico, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por «alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos».

En otro pasaje de la diligencia judicial Santrich dijo que: «No hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella», en alusión a una frase del Libertador Simón Bolívar.

Mientras se desarrollaba el proceso, en los alrededores del complejo judicial se concentraron personas que pedían la libertad del exguerrillero.

También en los juzgados otro grupo de personas izó pancartas en las que manifestaban su apoyo a la extradición de Santrich y en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP examinó su caso y el pasado miércoles le concedió la garantía de no extradición y ordenó su «libertad inmediata», aunque luego fue recapturado.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.

Líderes del partido político FARC, en el que se reconvirtió la antigua guerrilla, han rechazado la recaptura de Santrich y afirmaron que esto se convierte en un ataque al proceso de paz firmado con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.